El presidente Danilo Medina al parecer se ha quedado aislado, sin el respaldo de la clase política y la Iglesia, para aplicar una Ley de Naturalización que plantearía un reconocimiento del estatus migratorio de los “haitianos ilegales” que reclaman la nacionalización dominicana y por la que el Gobierno tiene presiones internacionales y de la sociedad civil, a lo que se agrega que tiene la limitación sin rejuego de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El jefe del Estado está atrapado entre los que respaldan la sentencia 168-13 y los que la atacan, se suman países que interfieren en los asuntos internos y otros que respetan la decisión que se tome, pero nadie cede un ápice.
Según una fuente de crédito, por la Ley de Naturalización el presidente Medina ha consultado a los presidentes de los partidos, al Congreso y las iglesias, con lo que estaría creando condiciones legales para el reconocimiento de actas de nacimiento de muchos indocumentados.
Las reuniones entre los gobiernos dominicano y haitiano se han cancelado, porque los representantes haitianos esperan que la Ley de Naturalización favorecerá a parientes de sus conciudadanos, que dicen ellos pasan de 200 mil, pero que una auditoría de la JCE establece unos 13 mil.
El excónsul Edwin Paraison, atribuyendo a información suministrada por el vocero de comunicación del presidente Michael Martelly, dijo que la reunión que se haría hoy fue suspendida porque no se había enviado esa ley al Congreso.
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